Auditoría contable: obligatoriedad, informes y responsabilidad

25May

Auditoría contable: obligatoriedad, informes y responsabilidad

La disposición adicional primera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas establece los supuestos que de cumplirse ocasionarán que las cuentas anuales deban ser auditadas de forma obligatoria.

 

Pero para establecer los límites cuantitativos que obligan a auditar las cuentas anuales, hay que hacer referencia a otras normas como la Ley de Sociedades de Capital o el Reglamento de Auditoría.

 

De esta forma, con toda la información normativa podemos hacer un listado de casos o circunstancias que obligan a las sociedades a auditar sus cuentas anuales.

 

Será obligatoria la auditoría en los siguientes casos:

 

- Cuando los títulos de la entidad cotizan en mercados secundarios oficiales de valores, emitan obligaciones en oferta pública o bien se dedique de forma habitual a la intermediación financiera.

 

- Si la entidad tiene por objeto social actividades relacionadas con la ordenación y supervisión de los seguros privados así como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras.

 

- Cuando durante un ejercicio social las sociedades hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea por un importe total acumulado superior a 600.000 euros.

 

- Cuando durante un ejercicio económico hubiesen celebrado contratos con el Sector Público por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, y éste represente más de la mitad del importe neto de su cifra anual de negocios.

 

- Cuando las sociedades mercantiles que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

 

♦ Que el total de las partidas del activo supere 2.850.000 euros.

♦ Que el importe neto de su cifra anual de negocios supere 5.700.000 euros.

♦ Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.

 

- Cuando las fundaciones en las que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran al menos dos de las circunstancias siguientes:

 

♦ Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros.

♦ Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.

♦ Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.

 

- Cuando así lo acuerden los socios en junta general.

 

- Cuando los socios que representen el 5% o más del capital social lo soliciten al registrador mercantil del domicilio social.

 

Si no se está en ninguna de las circunstancias descritas, la sociedad no está obligada a auditar sus cuentas anuales.

 

La norma indica que la persona o personas que deban ejercer la auditoría de cuentas serán nombradas por la junta general antes de que finalice el ejercicio a auditar por un período de tiempo inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve.

 

En caso de no nombrar al auditor antes de que finalice el ejercicio a auditar, éste podrá ser designado por el Registrador Mercantil, o cuando los administradores soliciten al Juzgado la revocación del auditor designado por la Junta General o por el Registrador Mercantil, el juez designará el nuevo auditor.

 

La obligación de la auditoría de cuentas beneficia a las sociedades ya que muestra la autenticidad, la integridad y la confiabilidad de la información contable y financiera, expresada por medio de las cuentas anuales, siendo los auditores los profesionales independientes que se ocupan de esta verificación y que la plasman detalladamente en el informe de auditoría.

 

Este informe de auditoría sobre los estados financieros es un documento mercantil que debe ser emitido por el auditor de acuerdo con un formato estandarizado establecido en la norma y que incluirá, además de los exigidos por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, la identificación de la entidad auditada una descripción general del alcance de la auditoría realizada, la opinión técnica y la opinión sobre la concordancia o no del informe de gestión con las cuentas del auditor, así como la fecha y firma del auditor.

 

Cabe la posibilidad de que el informe de auditoría recoja la opinión desfavorable del auditor como consecuencia de que existen una serie de circunstancias significativas que no le permitan emitir una opinión favorable o que prefiera abstenerse como consecuencia de incertidumbres y limitaciones al alcance.

 

De esta forma el auditor con respecto a los estados financieros puede emitir distintos informes:

 

- Opinión favorable, cuando los estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco de información financiera.

 

- Opinión con salvedades, donde se indiquen limitaciones del trabajo, errores en cumplimiento de normas, omisiones de información, incertidumbre o cambios de criterios contables.

 

- Opinión desfavorable, cuando las cuentas anuales tomadas en su conjunto no presentan la imagen fiel.

 

- Opinión denegada, cuando no se ha obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre las cuentas anuales.

 

Por último, el informe de auditoría desfavorable puede demostrar la responsabilidad de los administradores de las empresas frente a la sociedad, a los socios y a los acreedores sociales, sobre el daño que puedan causar por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, pudiendo la Ley Concursal establecer con la calificación de culpable la actuación de los administradores en procesos concursales.

 

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