Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero

16Mar

Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero

El modelo 720 consiste en una declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero y tiene como objetivo el informar sobre las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero, informar sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero e informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

 

El origen de este modelo está en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que ha introducido una nueva disposición adicional decimoctava en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la que se establecía la obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero.

 

Los obligados a su presentación son las personas físicas o jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes, etc., estando obligados a presentar esta declaración tributaria cuando ostenten bienes en el extranjero cuyo importe supere los 50.000 euros.

 

Una vez presentada la primera declaración, en años sucesivos sólo se informará sobre los grupos en los que haya existido un incremento superior a 20.000 euros respecto a la última declaración presentada.

 

Las obligaciones de informar se extienden a quienes tengan la consideración de titulares reales de los bienes y derechos, cuentas y valores, de acuerdo con lo previsto la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

 

La obligación de declaración comprende la información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición. La información a suministrar incluirá, los saldos de estas cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año. Esta información se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera cuentas o depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución.

 

Se deberá también prestar información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero, haciendo referencia a los datos a 31 de diciembre de cada año.

 

Por último se informará sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero. Estos datos harán referencia al 31 de diciembre de cada año e incluirán la fecha y el valor de adquisición, la identificación del inmueble con especificación de su tipología y la situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y número.

 

No será obligatoria la presentación de esta declaración cuando el obligado tributario sea una entidad totalmente exenta del Impuesto sobre Sociedades, como por ejemplo el Estado o los entes públicos, cuando el obligado tributario sea una entidad que tengan registrados en su contabilidad de forma individualizada los bienes respecto de los que debería presentar declaración, o cuando las cuentas corrientes abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades de crédito domiciliadas en España, deban ser objeto de declaración por las entidades de crédito y siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta.

 

El plazo de presentación es del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente al que se refiere la información a suministrar, no obstante, en aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no sea posible efectuar la presentación a través de Internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.

 

La presentación del modelo 720, «Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero», se efectuará por vía telemática a través de Internet mediante firma electrónica avanzada o un sistema de identificación y autentificación, empleando un certificado electrónico, o mediante el sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario o sistema Cl@ve PIN.

 

Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos esta declaración informativa o su presentación por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.

 

Las anteriores infracciones serán muy graves y tendrán un régimen sancionador específico tanto para su incumplimiento absoluto como para la presentación extemporánea de la declaración, siendo estas de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros, o de 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria.

 

Si no se presenta el modelo 720 y Hacienda descubre los bienes no declarados situados en el extranjero, además de la multa anterior para los titulares, para las personas físicas la tenencia del bien o derecho en el extranjero no declarado, tendrá la consideración de ganancia de patrimonio no justificada, que se integrará en la base liquidable general de su renta, del ejercicio más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, y para las personas jurídicas tendrá la consideración de una renta no declarada, que se imputará al Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización.

 

Se establece también una sanción específica del 150% de la cuota resultante de regularizar ganancias patrimoniales no justificadas, en IRPF o en Impuesto sobre Sociedades, que traigan causa en los incumplimientos relativos a la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

 

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